El secuestro legislativo


En este espacio, la semana anterior comentábamos sobre como la Legislatura local tenía en el limbo 78 iniciativas de ley, muchas de ellas tienen que ver con derechos sociales pero que la mayoría panista no quiere aprobar, pero para evitar el costo político que pudiera generarse, opta por congelar dichas propuestas y dejar que mueran en el olvido.

Esto causó una respuesta inmediata por parte de sectores sociales, como el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación, quien, en voz de Walter López, consideró esto como un secuestro del proceso legislativo al retener los proyectos de ley como el del matrimonio igualitario.

Y, en efecto, no es exagerado llamar a esto un secuestro legislativo, porque en vez de priorizar leyes que beneficien a toda la sociedad, la mayoría panista escoge temas que solo a ellos interesa para aprobar rápidamente, como mostraremos más adelante.

La primera respuesta por parte de la diputada panista Verónica Hernández Flores, quien es presidenta actual de la Legislatura, fue una especie de autorregaño involuntario, porque pidió a sus pares dar celeridad a los procesos legislativos pero olvidó que la propia comisión que preside, la de Administración y Procuración de Justicia, tiene al menos 10 proyectos de ley estancados, ante lo que respondió que aún le queda más de un año de trabajo legislativo.

En contraparte, Paloma Arce Islas, diputada por Morena, acusó que este secuestro legislativo es parte de la estrategia de Acción Nacional pues los mantiene bloqueados con miras a la elección del 2021.

Mas allá de dimes y diretes, con hechos, los diputados panistas mostraron que no tienen el menor interés en hacer leyes que beneficien al colectivo social y sí, en cambio, hacer reformas para el propio beneficio de su camarilla política.

Prueba de ello es la recién aprobada iniciativa de ley que reforma la Ley de Seguridad del Estado y la Ley Orgánica de la Fiscalía, la cual fue bautizada en medios como la “Ley Guarura”, porque básicamente autoriza a funcionarios y exfuncionarios del área de seguridad, incluyendo al gobernador, a tener escoltas a cargo del erario, lo cual contradice el discurso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien a inicio de su mandato retiró la protección a los expresidentes, aunque después, a petición del exmandatario Felipe Calderón, se le reasignó.

Al leer los motivos para aprobar dicha iniciativas, argumenta que

“el orden público es una condición necesaria del Estado para la subsistencia del mismo, sin él, se está en presencia de una sociedad desordenada, gobernada por el caos y la anarquía, circunstancias que conducen al Estado a su autodestrucción”, para luego justificar que dada las naturaleza de las funciones de las autoridades de seguridad “sus integrantes se encuentran en riesgo constante y para ello hay que garantizar su seguridad”.

Aprobar rápidamente una iniciativa que afecta directamente a personas de la misma camarilla de su partido y congelar iniciativas de impacto social habla de cuáles son las prioridades de Acción Nacional en la legislatura y éstas no son el beneficio de la mayoría de la población sino ellos mismos. Evidentemente, Acción Nacional tiene secuestrada la legislatura y solo le legisla lo que a ellos y su grupo político convenga, no lo que beneficie más a la sociedad queretana.

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