Ya lo decía don Julio Scherer García, maestro de periodistas: si en una calle oscura y fría te encontrabas, de un lado, a alguien que parecía maloso y, del otro, a un uniformado, al final de cuentas era más probable que el primero no fuera el verdadero peligro. No era una ocurrencia: era una lección aprendida a golpes de realidad. El poder rara vez duda de sí mismo. Algo así ocurre hoy con la policía en Querétaro. En la última semana lo hemos documentado con claridad.
El maestro Scherer se lo dijo en su cara al Negro Durazo, y yo se lo diría hoy a Iován Elías Pérez Hernández, jefe de la Policía Estatal: lo que hicieron sus elementos con un alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es uno de los puntos más bajos que hemos visto en la vida pública reciente y un golpe directo a cualquier idea mínima de sociedad democrática.
No se trata de un malentendido ni de un exceso menor. Un estudiante, reportero de un medio universitario, fue detenido, amenazado y obligado a borrar material audiovisual por el simple hecho de documentar una detención en la vía pública. No interfería en el operativo, no ponía en riesgo a nadie, no hacía otra cosa que grabar. Eso bastó para que la policía decidiera que la cámara era más peligrosa que los golpes que estaba registrando.
El problema no es sólo la agresión física o la detención arbitraria. El problema es el mensaje: aquí no se graba. Aquí el poder decide qué se puede ver y qué debe desaparecer. Cuando una corporación armada se arroga ese derecho, deja de actuar como autoridad y empieza a comportarse como censor. Y la censura ejercida desde la fuerza nunca es un accidente: es una práctica.
En Querétaro se ha construido durante años un discurso de orden, seguridad y excepcionalidad. Pero esa historia se desmorona cuando la policía actúa con miedo a la mirada pública. Un cuerpo de seguridad que le teme a una cámara no está cuidando a la sociedad, está cuidándose a sí mismo. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es operativo: es político.
Las reacciones posteriores (el “vamos a revisar”, el “hay que escuchar a ambas partes”, el respaldo automático a las corporaciones) confirman algo más grave: la normalización. En lugar de una condena clara, se opta por la ambigüedad. En lugar de asumir la gravedad del acto, se diluye en procedimientos. Así es como los abusos dejan de ser excepciones y se convierten en costumbre.
Que el afectado sea un estudiante no es un detalle menor. Al revés: habla de a quién se le prueba primero el límite. Jóvenes, reporteros en formación, medios pequeños. Es ahí donde el poder mide hasta dónde puede llegar sin pagar costos. Si pasa, se repite. Si no pasa nada, se institucionaliza.
Por eso este caso importa más allá de Querétaro. No es una anécdota local ni un pleito con la policía. Es una señal de alerta sobre el estado real de la libertad de expresión cuando se cruza con el uso discrecional de la fuerza. Cuando se impone el silencio, la verdad queda desarmada. Y una sociedad que acepta eso empieza a acostumbrarse al abuso.
Don Julio Scherer lo entendió hace décadas: el periodismo no está para sentirse cómodo frente al poder, sino para incomodarlo. Cuando el poder responde con amenazas y censura, no está defendiendo el orden. Está confesando su debilidad.
Víctor López Jaramillo 