Por Efraín Mendoza Zaragoza
Un tema que ocupó la atención pública durante todo noviembre fue el relativo a la renovación del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro para el período 2010-2017, que deberá entrar en funciones el próximo miércoles 15. En la madrugada del 1 de diciembre, con el insuficiente voto aprobatorio de 15 diputados, la mesa directiva de la LVI Legislatura del Estado hizo que los consejeros electos rindieran protesta. Con un pequeño detalle: tanto los legisladores que eligieron como los ciudadanos que resultaron electos pasaron por alto la Constitución Política del Estado, cuyo artículo 17, fracción IV, ordena que para su elección se requería “el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura”, esto es, la aprobación de cuando menos 17 diputados.
Por el rango de las funciones de Estado que tiene encomendadas el Instituto es que el constituyente determinó la conveniencia de que la elección de su órgano de dirección reuniera una mayoría calificada, mientras que para otras definiciones legislativas basta con la mayoría simple, 13 votos. Para crear una nueva ley bastan 13 votos; para crear nuevos impuestos bastan 13 votos; para aprobar el presupuesto bastan 13 votos. Al dar por electo al nuevo Consejo sin el mínimo de votos que ordena la Constitución, una parte del colegiado parlamentario, en los hechos, decidió dar por concluido el pacto pluripartidista de 1996, que puso las bases para la estabilidad política moderna en Querétaro. Es preocupante, pues con este acto quedó evidenciado qué se piensa realmente de nuestro orden constitucional. Y quedó evidenciado lo lejos que aún estamos de incorporar a las prácticas institucionales el fino tejido de los consensos.
Lejos de la frivolidad de quienes quieren, irresponsablemente, presentar esto como una mera comedia de arrebatos, caprichos o desplantes porriles, el tema reviste alta trascendencia y hay que verlo como el prólogo de una crisis institucional que, de no detenerse a tiempo, lesionará nuestros frágiles procesos democráticos. Para empezar, habrá que decir que 2011 será un intenso año prelectoral y desde enero el nuevo Consejo General tendrá que atender algunas tareas muy delicadas: deberá convocar a la ciudadanía a la reforma electoral, con el fin de mejorar las reglas que aplicarán en el proceso electoral local de 2012; segundo, deberá ordenar la ejecución del estudio técnico para la redistritación, que será la base para la conformación de la siguiente legislatura, y tercero, deberá ordenar la ejecución del estudio técnico para la determinación del número de regidores que integrarán los 18 cabildos municipales. Además de ello, en 2011 deberán iniciarse trabajos operativos preparatorios de la elección siguiente.
Son muy graves los asuntos que están en juego. Y ninguna fuerza política puede apostarle a hacerse del control del árbitro para ganar una elección. Nadie puede apostarle a ganar un solo voto en la mesa. Todas las fuerzas políticas deben someterse a la única fuente de poder en materia electoral, que es la voluntad de los ciudadanos. ¿Qué se busca al ponerle al nuevo Consejo General la sombra de la sospecha y el riesgo de que sus actos sean combatidos por carecer de legitimidad de origen? ¿A quién le conviene que las cosas se arreglen en los tribunales?
Habrá que estar atentos, primeramente, a la decisión del titular del Poder Ejecutivo del Estado respecto de la publicación del decreto respectivo en el Periódico Oficial, La Sombra de Arteaga, a fin de analizar la fundamentación y la motivación que haya adoptado el órgano legislativo para sustentar una decisión notoriamente irregular. Hasta las 7 de la noche del sábado 4 no se había publicado aún en el portal oficial. Ese retraso sugiere la existencia de negociaciones para enderezar el entuerto. Habrá que estar atentos, en su caso, a la muy probable presentación de medios de impugnación por parte de los legitimados para ello; y de ocurrir esto, habrá que aguardar la sentencia de los órganos jurisdiccionales federales. Si se publica tendrá que ser acatado hasta en tanto la instancia jurisdiccional competente formule la declaratoria que proceda.
Es delicadamente perturbador que el órgano responsable de inspirar confianza en las elecciones nazca con una deficiencia jurídica y política de esta naturaleza. Desde hace 15 años, en que el gobierno y los partidos sacaron las manos de la organización de las elecciones y se depositó esta responsabilidad en un órgano autónomo, se estableció como rasgo esencial para garantizar la imparcialidad y la independencia de la autoridad electoral colegiada, que su conformación estuviera dotada del más amplio respaldo de todas las fuerzas políticas. Así aconteció en los diciembres de 1996, 1999 y 2003. Y sucede que esta vez quedó fuera de la construcción de este acuerdo la fuerza política que concentra el 40 por ciento de los votos en el pleno legislativo y en los últimos años casi la mitad de la simpatía electoral en el estado. Esta vez se le dio la espalda a la política. Esta vez se despreció la negociación política. Esta vez se atentó contra el orden constitucional. ¿Quién dijo que era fácil el juego de pesos y contrapesos para mantener los indispensables equilibrios?
Hay signos ominosos en el ambiente. Primero fue la pretensión de extinguir al Instituto Electoral de Querétaro para sustituirlo por un ente vulnerable, con autonomía acotada, dominado por estructuras verticales, débil frente a los partidos y prácticamente desprovisto de facultades para su gobierno interior. Apenas en octubre pasado, gracias a que en distintos frentes se ofreció resistencia, fue disipado el intento de aprobar esa reforma constitucional fast-track, sin previa consulta ciudadana y pretendiendo ignorar a la autoridad especializada en la materia. Poco se ha hablado de ello, pero vale la pena recordar que la iniciativa de reforma constitucional traía colgados algunos artículos transitorios que, de haberse aprobado, habrían aplicado para esta elección de consejeros.
Como integrante aún del Consejo General, pido a las fuerzas políticas dispensen un trato respetuoso a la autoridad electoral, como órgano de Estado que es. Que no se le exponga al manoseo. Que se asuma como un patrimonio no de la clase política, sino como un producto de largas, y en muchos casos, penosas y dolorosas movilizaciones sociales por la efectividad del sufragio. Como institución de la democracia cumplirá 15 años en 2011 y las fuerzas políticas deben entender que un árbitro débil y subordinado muy poca utilidad prestará a la democracia.
¿Qué sigue? ¿Fomentar en la opinión pública la imagen de un instituto que es foco de conflictos? Nada más alejado de la realidad. El instituto ha contribuido a la tranquilidad pública mediante el relevo pacífico y ordenado del poder. En los últimos tres lustros ninguna elección se resolvió en las calles, entre otras cosas, gracias a un colegiado deliberante y a una estructura operativa muy eficiente e institucional. ¿Qué se busca? ¿Inocular entre los ciudadanos la creencia de que el instituto requiere una “cirugía mayor” y al amparo de esa operación propagandística hacer efectivos los retrocesos que no pudieron ser consumados en octubre? Los medios de comunicación están llamados a no reducir esta discusión a “dimes y diretes” y a mostrar la lesión profunda que podría afectar a esta zona neurálgica del cuerpo social.
Tengo la impresión de que el tercer acto en esta puesta en escena será la reiteración del intento, a mediados del próximo año, por cambiar las reglas electorales en una dirección contraria al equilibrio democrático. Insistir en la reforma constitucional no tiene ya sentido… pero los estrategas de la guerra de posiciones de cara al 2012 tienen presente un dato duro esencial: para modificar e incluso abrogar la Ley Electoral del Estado basta con 13 votos. Querétaro y sus frágiles instituciones democráticas no merecen esto. Nada sería más sano para la salud pública que el Ejecutivo del Estado y las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados aparten sus manos del Instituto Electoral, respeten su autonomía y contribuyan a que funcione con independencia como garante de la voluntad de los ciudadanos, sea cual sea. Y del nuevo Consejo General se esperaría, por supuesto, un carácter firme para encarnar la defensa de los principios rectores de la materia electoral, incluyendo el de equidad, que por fortuna continúa en nuestra Constitución.
Ciudad de Querétaro, diciembre 4, 2010
El blog de Víctor López Jaramillo 