Víctor López Jaramillo
En febrero de 2012 Miguel Nava Alvarado llegó a la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos bajo signos ominosos que presagiaban un camino tortuoso.
Primero, su antecesor Adolfo Ortega Osorio se había amparado porque no pudo participar en el proceso de selección del ombudsman para el periodo 2012-2017. El trabajo de Ortega Osorio fue de regular a malo.
Dejó una CEDH en el desprestigio; incapaz de cuestionar al gobierno del panista Francisco Garrido, el defensor de los derechos humanos, se distinguió más por su estilo de vida tipo mirrey, prueba es que su proyecto de mayor impacto fue el “Antro Consentido”, cuyo nombre lo dice todo.
El proceso de renovación de la CEDH fue una oportunidad histórica que la LVI legislatura del estado desperdició. Incapaz de sacar adelante un proceso limpio de selección de nuevo defensor del pueblo, el proceso estuvo lleno de errores de principio a fin.
Recordemos que en ese proceso de selección participaron, entre otros, Rodolfo Vega Hernández, María Pérez Zepeda y Miguel Servín del Bosque, todos exintegrantes de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Gubernamental (CEIG), además de las postulaciones de Nadia Sierra y César Pérez Guzmán, destacados miembros de la sociedad civil.
El primer tropezón fue la descalificación de Cesar Pérez Guzmán, porque según los diputados, rebasaba el límite de edad permitido, con lo que se cometía el primer atropello: los legisladores violaban los derechos humanos de un aspirante a defender los derechos humanos. Cruel ironía.
Después, en otra cruel ironía, los diputados decidieron que el nuevo ombudsman fuera un expolicía. Cuando uno de los principales elementos que violan los derechos humanos son los policías, para los legisladores fue fácil escoger al exdelegado de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes como nuevo titular de la CEDH.
Y como parte del ritual protocolario, tanto Hiram Rubio del PRI y Gerardo Cuanalo del PAN declararon que Nava Alvarado era el mejor perfil para el cargo. De policía a ombudsman, sería un excelente título de película picaresca mexicana.
La polémica no terminó allí. En defensa de sus derechos, Pérez Guzmán se amparó y el Tribunal Superior de Justicia del estado le dio la razón. Sus derechos habían sido vulnerados. Había sido discriminado por edad. Por ello, se ordenaba reponer el proceso de selección de ombudsman.
Durante el periodo que lleva al frente Nava Alvarado, la CEDH cambió de nombre y ahora se llama Defensoría de los Derechos Humanos. Su gestión se ha caracterizado por enfrentamientos con el Ejecutivo y el Legislativo por el tema de independencia presupuestaria y dar seguimiento a varias recomendaciones. También destaca un roce con la UAQ al hacer un par de recomendaciones en contra del alma mater.
Se ha ganado críticas por incluir como parte de su equipo a Norma Patricia Valdés Argüelles, exdelegada de la PGR en nuestro estado cuando se vivió una de las mayores vejaciones a los derechos humanos.
Recordemos que bajo el mando de Valdés Argüelles, se acusó y encarceló a tres indígenas (Jacinta, Teresa y Alberta) bajo el argumento poco sostenible de que habían golpeado y secuestrado a seis agentes de la extinta Agencia Federal de investigaciones. El caso atrajo la atención de los defensores de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Hoy día se discute si se le va a reponer el daño causado a una de ellas.
Para terminar de enrarecer el ambiente, mientras se discute como se repone el proceso, Nava Alvarado ha declarado que ha recibido amenazas de muerte.
Hoy, la defensoría de Derechos Humanos vive una lenta agonía que comenzó desde el periodo de Ortega Osorio y los diputados de la anterior legislatura no tuvieron la sensibilidad política de comprender en toda su magnitud. Esta semana, o se termina de hundir la DDH o se plantea un nuevo inicio.
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