De fechas e informes


De un solo golpe la Comisión Especial Legislativa para el Sistema Estatal Anticorrupción aprobó la iniciativa de ley que reforma diversos artículos de la Constitución Política del estado de Querétaro, entre ellos el cambio de fecha de informes de gobierno.

Esto llama la atención porque justo tras el desayuno entre el Poder Ejecutivo y las cúpulas del sindicalismo corporativizado, el gobernador Francisco Domínguez declaró a la prensa que había turnado la iniciativa al Congreso estatal para cambiar la fecha de los informes tanto estatales como municipales. Su argumento fue simple: “hay que informar el año de trabajo, antes se hizo una modificación y se mantuvo el sexenio pasado, yo digo que fue por cuestiones electorales para que aguantaran los presidentes municipales en sus cargos lo que marca la ley, y no estoy de acuerdo en que sea lo electoral”, declaró a la prensa.

Como era de esperarse, ante un Congreso con mayoría panista, oposición nula y sometido plenamente al Ejecutivo, la iniciativa fue aprobada sin mayor discusión y ahora el gobernador y los alcaldes rendirán su informe en septiembre.

Incluso, la propia diputada panista Daesy Hinojosa justificó el cambio diciendo que favorece la rendición de cuentas porque el informe sería, siguiendo la lógica del gobernador, de un año completo de actividades.

Un informe de gobierno en los términos que estamos aprobando sería realmente anual y esto permite a la ciudadanía contar con un panorama claro e integral de las acciones que se realizan en el estado y en sus municipios”, declaró la diputada.

Sin embargo, de inmediato surgen muchas preguntas. ¿Un cambio de fecha favorece a la rendición de cuentas, como argumentaron el gobernador y los diputados al cambiar la fecha del informe de gobierno? ¿De verdad los diputados de la comisión encargada del Sistema Estatal Anticorrupción creen que un cambio de fecha para abarcar más meses de actividades ayudará a combatir ese cáncer que es la corrupción?

Hagamos un poco de memoria, recordemos que durante el gobierno del también panista Francisco Garrido Patrón se cambió la fecha del informe de gobierno, en vez de la tradicional a realizarse en julio, cerca del 25 para conmemorar al patronímico Santiago de la ciudad, se optó por cambiarlo a febrero. Y, así, durante ese sexenio sólo hubo cinco informes de gobierno y no seis como el número de años en el ejercicio del poder.

Con la llegada del priísta Calzada Rovirosa, se restituye la anterior fecha y el informe volvió a julio. Ahora, nuevamente mueven la fecha. ¿Tiene alguna relevancia el cambio de fecha? En realidad no mucho, lo preocupante es que los diputados atiendan detalles de cosmética política en vez de tocar asuntos de fondo.

¿Por qué en vez de cambiar la fecha, no se optó por un cambio en el formato para volver al informe una auténtica rendición de cuentas? ¿Por qué no cambiar ese formato obsoleto que en realidad se convierte en un día del gobernador y se deja poco espacio para la discusión y el análisis, el cual viene hasta después en las comparecencias, con el gobernador ausente?

El cambio de fechas a capricho del gobernador en turno, como en los últimos tres sexenios, solo muestra el régimen patrimonialista que vivimos en el estado, que está lejos de una sociedad política dispuesta a enfrentar la crítica y el debate de ideas

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