Los desastres naturales, como los huracanes, inundaciones y terremotos, también llevan consigo un considerable componente de desastre político o social. Esto queda evidenciado en grandes desastres históricos como el temblor en México de 1985 o el huracán Katrina en 2005 que devastó Nueva Orleans. Algo similar acaba de suceder en Acapulco con la llegada del huracán Otis, que dejó a la ciudad en ruinas, incomunicada, sin agua ni energía eléctrica.
Menciono que son también desastres políticos porque muchas tragedias pudieron haberse evitado o minimizado. Además, sus consecuencias pueden provocar significativos realineamientos políticos. Tomemos, por ejemplo, el temblor de 1985 en la Ciudad de México. La mañana del 19 de septiembre, a las 7:19, la ciudad comenzó a colapsar, generando una tragedia sin precedentes.
Uno de los problemas subyacentes fue la falta de cultura de protección civil y una reglamentación inexistente en la construcción de edificios resistentes a sismos, a diferencia de lugares como Japón, donde las estructuras cuentan con características específicas para minimizar el impacto de los temblores.
La inacción de las autoridades federales tras el sismo y la corrupción en el reparto de apoyos a los damnificados generaron un realineamiento político, permitiendo a la izquierda ganar terreno hasta convertir a la ciudad en su principal bastión electoral.
El caso de Katrina, que resultó en la muerte de 2 mil personas y causó grandes daños en Nueva Orleans, evidenció la existencia de un «Estados Unidos de segunda clase», con pobreza endémica y desigualdades flagrantes. El huracán Katrina, que al igual que Otis pasó rápidamente de categoría 1 a 5, se volvió letal.
Expertos en infraestructura advirtieron que, de seguir su rumbo, los diques de Nueva Orleans (una ciudad parcialmente por debajo del nivel del mar) podrían colapsar. Y así sucedió. Investigaciones posteriores concluyeron que las fallas constructivas fueron una causa principal del desastre.
La situación en Acapulco puede describirse como apocalíptica. Expertos quedaron asombrados ante el cambio tan rápido de categoría del huracán, de 1 a 5, en sólo 5 horas. Además, el estado de Guerrero ha enfrentado una persistente ola de violencia y una marcada incapacidad gubernamental para resolverla. A esto se suma una problemática de pobreza que quedó en evidencia con el paso del huracán, resaltando aún más las vulnerabilidades del estado.
Resta por ver las consecuencias políticas de este desastre. Sin embargo, ya se observa cómo algunos políticos intentan aprovechar la situación, motivados más por intereses electorales que por genuinas razones humanitarias. Será tarea del electorado discernir sus verdaderas intenciones.
Víctor López Jaramillo 