Víctor López Jaramillo
Para la embajada norteamericana en México, la detención de Jacinta, Alberta y Teresa, indígenas de Santiago Mexquititlán acusadas de presuntamente secuestrar a agentes federales, es un caso emblemático de los prejuicios arraigados en el sistema judicial mexicano en contra de las minorías y grupos vulnerables.
En el cable 09MEXICO3079_a, enviado por la embajada estadunidense al Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) el 27 de octubre de 2009, se reseña el caso de las detenciones de las mujeres indígenas queretanas y las irregularidades durante el proceso judicial.
El documento fue elaborado justo cuando se ordenó la liberación de Jacinta Francisco Marcial, señal que la embajada consideró positiva.
El cable diplomático se encuentra en la página http://www.wikileaks.org y forma parte de un grupo de alrededor de un millón de documentos liberados por la organización.
Los agentes norteamericanos que elaboraron el reporte, afirmaron que el caso de Jacinta Francisco Marcial es ilustrativo de algunos prejuicios arraigados en el sistema judicial de México.
“Marcial y las otras dos acusadas resultaron particularmente vulnerables a causa de su limitada educación, su incapacidad para comunicarse en español, y el prejuicio de larga data en la sociedad mexicana y en los tribunales contra la población indígena”, se puede leer en las conclusiones del caso.
Añade que mientras México aprobó la reforma de la justicia en 2008, su aplicación ha sido lenta y requerirá un esfuerzo sostenido para abordar las deficiencias y superar las actitudes culturales que tienden a socavar el respeto por los derechos de los miembros de comunidades indígenas de México.
Señal esperanzadora
El cable diplomático comienza con la afirmación de que la liberación de Jacinta es una señal esperanzadora de que la PGR está dispuesta a corregir sus errores tras los pronunciamientos de la Corte.
Después, hace un puntual resumen del caso. Señala que el 26 de marzo de 2006, en la comunidad de Santiago Mexquititlán en Amealco, Querétaro –a 80 millas al noroeste de la ciudad de México–, la Policía Federal llevó a cabo una redada de vendedores de DVD piratas sin orden judicial.
Después de la operación, los agentes presuntamente se ofrecieron a compensar a los proveedores por la mercancía dañada. Sin embargo, cuando los agentes volvieron con dinero para pagar por el daño, los seis agentes federales, que se habían quedado con los vendedores, afirmaron que habían sido secuestrados.
Continúa el reporte que el 3 de agosto de 2006, Jacinta Francisco Marcial, una vendedora de paletas en el mercado en el que la policía había llevado a cabo su incursión, fue sacada de su casa y llevada a la estación de policía para ser interrogada, supuestamente de manera fraudulenta.
Su juicio se realizó hasta el 19 de diciembre de 2008 y fue condenada con la única evidencia de una fotografía tomada por un diario en el que parece observar la escena mientras que otros vendedores negocian con la policía para obtener indemnización por los daños a sus instalaciones y la confiscación de su mercancía.
El cable consigna que fue condenada a 21 años de prisión, junto con otras dos mujeres indígenas, Alberta Alcántara y Teresa González, por haber secuestrado a seis agentes federales de la policía. En el curso de su juicio, el juez aceptó las declaraciones de la policía, pero se negó a aceptar pruebas que hubieran exonerado a las mujeres acusadas.
Por ello, ante la falta de pruebas en su contra, el Centro Prodh, una ONG local de derechos humanos, tomó el caso de Marcial a principios de enero de 2009 y apeló su condena.
Expuso numerosas irregularidades sistemáticas en el curso del juicio, entre ellas que aunque ninguna de las mujeres indígenas hablaba español, no se les proporcionó un traductor.
El 16 de septiembre, Marcial finalmente fue puesta en libertad después de que la Oficina del Procurador General de la República (PGR) retiró los cargos. La PGR también dictaminó que Jacinta no tenía derecho a una indemnización por no haber demostrado su inocencia. El Centro Prodh pidió la liberación de las otras dos mujeres.
Hasta aquí el reporte de la embajada norteamericana y de cómo ha monitoreado políticamente al estado de Querétaro.
El blog de Víctor López Jaramillo 
Y que hay de las otras dos mujeres, ¿dicen algo de ellas?
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