Los hechos son los siguientes: en la mañana del 11 de diciembre de 2015, la joven Yosheline Arenas Heredia, de 19 años de edad, salió rumbo al gimnasio, ubicado en Prolongación Constituyentes, en el municipio de Corregidora, para después ir a su trabajo en una franquicia de comida italiana.
Salió del gimnasio aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Desde entonces su familia no tiene noticias de ella.
Ante el pasmo de las autoridades de justicia, el día 15 de diciembre su familia crea un perfil en Facebook para localizar a Yosheline. El mensaje inicial exigía a las autoridades tomar cartas en el asunto e investigar la desaparición de la joven.
El tema se vuelve agenda en redes sociales y el gobierno se ve obligado a reaccionar y lo hace culpando a la víctima. Lo primero que dice es que la joven se ausentó por voluntad propia. Un intento absurdo para dar carpetazo al asunto e intentar borrar de un plumazo el tema de las desapariciones en el estado.
Entonces parecía que a las autoridades lo único que les interesaba era irse de vacaciones navideñas. Sin embargo, como efecto bola de nieve, el tema creció en redes sociales.
Llegó el 2016, Yosheline sigue desaparecida y los primeros indicios de la negligencia de las autoridades comienzan a surgir. Proceso informa que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) destruyó pruebas que hubieran ayudado a localizar a la joven, esto de acuerdo con testimonios de María de Lourdes Cortés, abuela de Yosheline.
A mediados de este mes, la PGJ crea la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, justo cuando el tema de las desapariciones y el caso de Yosheline están en auge.
Pasmado, el gobierno de Francisco Domínguez y su equipo de justicia no dan respuestas claras. Él no puede cumplir una de sus promesas de campaña que lo llevaron al Palacio de la Corregidora: la seguridad.
Ante esto, la semana pasada la historia comenzó a dar una vuelta de tuerca. Primero, un diario local especuló que se había encontrado el cadáver de la joven desaparecida. Especulación solamente.
Días después, la Procuraduría da a conocer un video tomado el 11 de diciembre donde presuntamente se ve a la joven Yosheline Arenas Heredia abordar un vehículo. Y las autoridades piden ayuda a la sociedad para identificar al vehículo.
Este hecho despierta más dudas de las que aclara. ¿Por qué hasta después de un mes se da a conocer este video? ¿Desde cuándo lo tenían? ¿Hasta después de un mes se interesaron por el caso?
¿Cuál es la intención de difundir el video? ¿Es para sostener la versión inicial de las autoridades de que se fue por voluntad propia?
Lo que podemos deducir es que la PGJ sigue con su estrategia de lavarse las manos y culpar a la víctima de lo que le sucede. Revictimizan a quienes sufren de la violencia en este país.
A estas alturas la pregunta, más que si la joven se fue por voluntad propia, es saber en dónde está.
Todo indica que esto es un intento de las autoridades para desviar el poco eficiente trabajo que han hecho hasta el momento.
El equipo de justicia que no supo manejar el caso BMW, donde un conductor de un auto de dicha marca presuntamente asesinó a un joven por un absurdo incidente de tránsito en 2004, se enfrenta a una situación similar.
En aquel caso se apostó a que con el tiempo se olvidaría el tema. Ahora se quiere seguir con la misma estrategia.
Recordemos que en 2004, fecha del mencionado caso BMW, Juan Martín Granados Torres era procurador en el estado. Hoy, como secretario de Gobierno, se enfrenta a otro caso que esperemos no corra la misma suerte.
La sociedad exige la solución de este caso, no una apuesta por culpar a las víctimas ni apelar al olvido.
El blog de Víctor López Jaramillo 