Alamedazo


Bajo el argumento del respeto al orden y la legalidad, hace casi un año, a las tres de la madrugada dio inicio un operativo donde inspectores municipales retiraron los puestos de los comerciantes semifijos que estaban instalados en las calles aledañas a la Alameda desde la década de los 90.

Hoy, bajo el mismo argumento del respeto al orden y la legalidad, una resolución del Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del Trabajo ordenó restituir a los comerciantes en los lugares que tenían hasta antes del desalojo, que ahora se demuestra, fue fuera de la ley.

Esto, aunque de inicio lo quieran negar en Centro Cívico, es una derrota más para el gobierno que encabeza Marcos Aguilar Vega.

Desde que se dio el desalojo en esa madrugada de junio se señaló que el municipio estaba cometiendo un error político y legal en el sentido de que los comerciantes semifijos habían comprobado previamente el tener permiso otorgado por la misma autoridad para realizar las actividades comerciales en las vías aledañas a la Alameda Hidalgo.

Como respuesta, el gobierno marquista comenzó una andanada mediática en donde acusaba que en dicha zona de comercio popular se realizaban venta de armas, drogas y prostitución, sin que, hasta el momento, lo haya probado.

Muchos conflictos ha tenido esta administración en su obsesión por “limpiar” la Alameda y querer convertirla en su Central Park para la ‘gente bien’ queretana, olvidando que la Alameda es esencialmente popular, no elitista.

Desde el hecho de que hablen de “rescate” ya habla de una visión elitista. ¿La Alameda está secuestrada? ¿Acaso el que la clase popular se adueñe y dé vida a ese parque en el interior y afuera en el comercio popular es secuestrarla? Indudablemente el gobierno marquista tiene una visión clasista y discriminatoria en el asunto de la Alameda.

Y luego vino el hecho de presentar a una exconductora como directora de la propia Alameda Hidalgo con un sueldo de 50 mil pesos mensuales. ¿Se justificaba la creación de un cargo para la dirección de un parque? Desde la visión del Centro Cívico, la “recuperación” del espacio lo ameritaba a costa de crear una mayor burocracia.

Después vinieron las lamentables declaraciones de las “ardillas radioactivas” en dicho parque y luego el ardillicidio, sí, todo esto parece como sacado de la comedia radiofónica de Tres Patines, pero es el nivel al que el gobierno municipal ha llevado al tema de la Alameda.

Ahora, de acuerdo con César Tarello, abogado de los comerciantes de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP), el gobierno capitalino tiene la obligación de reinstalar a los comerciantes, en caso contrario pedirán la destitución y juicio político a los funcionarios involucrados.

Aparentemente, la posición de Centro Cívico es no reinstalar y ofrecer otra opción. En la misma línea van las declaraciones del gobernador Francisco Domínguez que dice que no pueden regresar los comerciantes semifijos porque la Alameda Hidalgo “es patrimonio inmaterial de los queretanos”.

El conflicto parece haber llegado a un punto de no retorno donde la razón legal la tienen los comerciantes semifijos y en tanto el gobierno, el primer encargado de cumplir la ley, se muestra reacio a cumplirlo aparentemente más por un elitismo que por un “rescate cultural”, sobre todo porque la Alameda ya tenía su propia vida cultural y dinámica social, y las atrocidades de crímenes que aseguraban se cometían ahí, el gobierno no las pudo acreditar.

El plazo para la reinstalación se cumple y un nuevo conflicto tienen los que mandan en Centro Cívico.

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