En el argot político solía usarse la expresión “pájaros en el alambre” para referirse a la situación de que las comunicaciones estaban intervenidas, es decir, que se era víctima de espionaje.
Es cierto que el espionaje del gobierno mexicano hacia ciertos actores políticos no es nuevo, se lleva décadas practicando con diferentes herramientas. Lo que ha cambiado son las circunstancias del sistema político y las herramientas para hacerlo. De ahí la indignación nacional el hecho de que The New York Times dio a conocer que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha espiado a sus críticos.
Pero hagamos un poco de memoria. En su libro Los Periodistas, Vicente Leñero al narrar los pormenores al golpe a Excélsior y Julio Scherer también aborda el espionaje del gobierno y la intervención de las llamadas telefónicas.
En el capítulo 1 de la tercera parte de su crónica, Vicente Leñero cuenta cómo el presidente Echeverría, a través del espionaje telefónico, se enteró de un viaje que el grupo de periodistas tenía planeado hacer a Estados Unidos para hablar con la prensa internacional.
Dice Leñero: “Por lo común nunca utilizábamos el medio telefónico para comunicarnos noticias importantes, advertidos de la posibilidad de que las líneas estuviesen intervenidas por la Secretaría de Gobernación según corría el rumor entre los miembros del grupo. Para muchos, en realidad, la sola sospecha de tener el aparato intervenido era motivo de orgullo: los convertía en gente importante, hombres perseguidos por la causa”.
El método en los años setenta para saber si el teléfono estaba intervenido o no, era marcar cero-cero uno, colgar y si sonaba un timbrazo, es que ese teléfono tenía pájaros en el alambre.
Hoy, ante el cambio y la evolución de la tecnología es imposible saber si eres víctima de espionaje o no.
No es justificante decir que el gobierno siempre ha espiado, eso es un argumento falaz. Un Estado que considera a sus ciudadanos como sus enemigos es un Estado represivo protofascista.
El reportaje que la semana pasada presentó The New York Times en donde arma que el gobierno mexicano implementó un sistema de espionaje digital a través de los teléfonos inteligentes de los diversos actores nos habla del nivel de represión de un gobierno que opera a los márgenes de la legalidad.
Recordemos que en México se permite la intervención de las comunicaciones sólo en caso de combate al crimen organizado y siempre y cuando haya sido aprobado por un juez. En el caso que presentó el NYT no había persona alguna del crimen organizado y, en cambio, sí periodistas, activistas y empresarios cuyo único denominador en común era haber cuestionado a gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
A través de mensajes dirigidos con temas de interés, el malware Pegasus se adueñaba de toda la información que contenía el dispositivo móvil y servía como micrófono y cámara de espionaje. Dicho programa lo vendió una empresa israelí a los diferentes gobiernos clientes con la condición de que se use solo para combatir el terrorismo o el crimen organizado. Evidentemente ninguno de los espiados por el gobierno federal encaja en las categorías antes mencionadas.
Lo peor ha sido la capacidad discursiva de respuesta del gobierno federal. En un comunicado dirigido al periódico neoyorquino firmado por Daniel Millán Valencia, director general de Medios de la Presidencia de la República, se arma que “no hay prueba alguna de que las agencias del gobierno sean responsables del supuesto espionaje”.
“No hay pruebas” dice el gobierno, sabiendo que dicho software, según expertos informáticos, está diseñado para no dejar rastro.
El que a través de un programa de espionaje se tome control de un dispositivo como el smartphone, que se ha convertido en una extensión personal y muchos ciudadanos tienen toda su vida laboral y personal allí registrada, habla del nivel de represión al que pretende llegar el gobierno de Peña Nieto.
Comparado con la actualidad, el espionaje a líneas telefónicas de los años dorados del priísmo parece hasta burdo, que tampoco, de ninguna manera era justificable. Recordemos que el régimen en los setenta era en esencia antidemocrático y pretendía suprimir libertades, prueba de ello son la represión al movimiento ferrocarrilero, Tlatelolco y el Halconazo.
Hoy, al menos en teoría, se supone que vivimos en un régimen democrático producto de elecciones donde se debiera respetar los derechos individuales.
El que el gobierno espíe a sus críticos, quienes además lo hacen por vías institucionales y legales, nunca de manera disruptiva antisistémica, nos habla del nivel de fracaso que ha sido lo que creíamos era una transición a la democracia y los sueños de restauración al viejo régimen por la parte más oscura del priísmo.
El blog de Víctor López Jaramillo 