La polémica y la intolerancia es la marca de gobierno panista tanto en el ámbito municipal como en el estatal. Desde la detención de líderes sociales hasta el menosprecio de causas ciudadanas. Desde la cúspide del poder panista en Querétaro aplican el viejo adagio salinista: Ni los ven ni los oyen.
Bajo el argumento de la “rehabilitación urbana”, el alcalde Marcos Aguilar se ha enfrascado en dos batallas que hoy por hoy le nublan el horizonte, más que cualquier depresión tropical.
Nuevamente el tema es el de la Alameda, el punto obsesivo del alcalde que ha decidido convertir la estética urbana como un asunto de Estado por encima de los derechos ciudadanos y los amparos ganados.
De la Alameda ya se ha tocado el tema de la controvertida administradora, las ardillas mutantes y el desalojo ilegal cometido por el gobierno municipal contra los comerciantes que estaban ubicados en la calle de Zaragoza, justo frente a la Alameda.
Bajo los argumentos legales y con un caso llevado por el abogado César Tarello, los comerciantes establecidos en la calle aledaña a la Alameda ganaron amparos y obtuvieron de instancias judiciales el que se les reinstale en el lugar donde estaban.
Pero al gobierno marquista no le gustó la resolución y evita a toda costa que se reinstalen, aunque en su caso, pudiera traer consecuencias judiciales contra su administración.
Y quien se ha subido a la pelea de a gratis es el gobernador Francisco Domínguez, quien ha declarado: “Desde ahorita la advertencia, no van a regresar, de ninguna forma, si no me voy a tener que meter con toda la fuerza jurídica que tiene el estado, no van a regresar a la Alameda Hidalgo”.
Es decir, el gobernador ya amenaza a quienes legalmente obtuvieron su reinstalación.
Razón no le falta al abogado César Tarello, quien en sus redes sociales alertó sobre posibles represalias en su contra por su actuar jurídico en defensa de los comerciantes.
Las declaraciones del gobernador son amenazantes y si tomamos en cuenta el antecedente del desfile del primero de mayo en donde también el gobernador amenazó y después se inició la persecución política y judicial en contra de líderes sociales acusados bajo el delito de motín, es de entenderse y preocuparse la denuncia que hizo el abogado Tarello en sus redes sociales.
¿Por qué tanta vehemencia de autoridades municipales y estatales en el tema de la Alameda y la calle Madero? Pareciera que apelan a la estética urbana como política de Estado por encima de los derechos humanos. Pareciera que para los gobiernos vale más que una calle se vea “bonita” que respetar el orden legal. Lo “bonito” como guía de gobierno.
Y en el caso de la calle de Madero opera la misma lógica. A pesar de las denuncias de los vecinos y las alertas sobre el uso de maquinaria pesada que pudiera afectar los edificios coloniales, al gobierno marquista no le importó y ayer lunes por la mañana irrumpió las calles céntricas.
Pero encontró oposición ciudadana a su obra. Ciudadanos que dijeron que no y exigieron una explicación. Al igual que en el caso de la Alameda y la avenida Ezequiel Montes, falló nuevamente la concertación política. El gobierno marquista carece de verdaderos operadores políticos.
La respuesta fue detener a unos de los opositores a la obra, quienes después quedaron libres tras el pago de la multa correspondiente. Esa es la respuesta del gobierno. La cerrazón. La intolerancia. La falta de diálogo con el opositor. Ni los ven ni los oyen, como alguna vez dijo Carlos Salinas de Gortari.