Hay un viejo chiste que puede servir como introducción para explicar la coyuntura y que va más o menos así: llega un paciente a consulta con el médico y le dice que le duele la cabeza y el médico le responde, córtesela, así acabará el dolor de raíz.
Algo similar pretende aplicar el presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador con su amago declarativo de pretender desaparecer organismos autónomos entre los que se encuentran el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Datos Personales (INAI), para que sus funciones sean absorbidas por dependencias centralizadas del ejecutivo.
El argumento: que cuestan mucho al gasto del erario y que no cumplen a cabalidad sus funciones y que fueron creadas durante el periodo neoliberal solamente para ser tapaderas de la corrupción de sexenios anteriores.
El presidente afirma que ya está afinando una reforma para enviarla a los legisladores y suelta esa afirmación para abrir el debate y medir el pulso sobre estos organismos.
En este caso, por el breve espacio que permite un artículo periodístico, me referiré al caso del INAI y el derecho que le da sentido como institución: la transparencia. Ciertamente el argumento de que es caro es cierto, los salarios de los comisionados son onerosos y que muchas veces las resoluciones no nos dejan satisfechos a los ciudadanos es también verdad. También hay que reconocer que la Plataforma Nacional de Transparencia comenzó, y sigue, con muchas fallas. Es decir, el organismo presenta fallas, pero no por un dolor de cabeza tenemos que cortarla, como parece ser la solución.
Y es allí donde viene el meollo del asunto, en vez de desaparecer una institución que fue hecha para garantizar un derecho, se debe de fortalecerla, darle un mejor marco jurídico para que pueda obligar y penalizar a los sujetos obligados que se nieguen a entregar información.
El INAI es un león desdentado porque carece de herramientas para castigar a quien no cumpla con las obligaciones de transparencia. ¿Desaparecerlo es la opción? Evidentemente no, claro que se debe de reducir los costos de la burocracia dorada y hacerla más eficiente, pero eso no se va a lograr haciendo que sea absorbido por el mismo sujeto obligado, equivaldría a dejar la Iglesia en manos de Lutero.
Los derechos como la transparencia y rendición de cuentas no son regalo de los gobernantes, sino que son producto de la lucha de los ciudadanos. Depender de la voluntad del gobernante no es garantía, ni el gobierno está conformado por santos ni los ciudadanos son ángeles, por ello se construyen las instituciones y los marcos legales para dar certeza del cumplimiento de ese derecho.
Se equivoca gravemente el presidente si por ahorrar unos pesos desaparece un organismo que, como todos, es perfectible y corresponde a los ciudadanos no perder esos espacios que fueron arrancados a un régimen que también se oponía a la transparencia.
El blog de Víctor López Jaramillo 