La reforma esperará: abortan fast track


Víctor López Jaramillo, con información de Alejandro Nieto y Víctor Pernalete

La intención de aprobar fast track la iniciativa del Ejecutivo para reformar la Constitución, desaparecer el Instituto Electoral de Querétaro y crear otro organismo con autonomía acotada y una estructura jerárquica vertical, por lo pronto se vio frustrada.

En punto del mediodía del viernes 24, la Comisión de Puntos Constitucionales, que había sido convocada para aprobar el dictamen correspondiente, decretó “receso por tiempo indefinido para entrar al análisis minucioso” de la iniciativa.

Esto ocurrió luego de que toda la semana se desgranaron expresiones en contra del procedimiento, pues se hizo sin consulta pública previa, y en contra del contenido, pues funcionarios electorales y analistas advirtieron que el proyecto implica un grave retroceso en la democracia.

El paquete de cuatro iniciativas, una para reformar la Constitución; otra para abrogar la Ley Electoral y expedir un nuevo Código, y dos más para reformar la Ley de Medios de Impugnación y la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos, fue presentado ante la Legislatura por el Secretario de Gobierno, Jorge García Quiroz, en representación del gobernador José Calzada Rovirosa.

Esto sucedió hacia el mediodía del jueves 9 de septiembre. Las iniciativas fueron colocadas en el sitio oficial del Poder Ejecutivo y representan más de 600 artículos.

Al día siguiente, viernes 10, todos los medios de comunicación desplegaron el hecho como nota principal, destacando la argumentación oficial, en el sentido de que la reforma se proponía eficientar al organismo electoral y producir ahorros económicos.

Vendría el fin de semana, y toda la semana siguiente estaría impregnada de las fiestas patrias debido al megapuente del Bicentenario.

Organizaciones alertaron sobre pretensiones autoritarias de la reforma

El lunes 20 comenzó a circular un análisis del consejero electoral Efraín Mendoza Zaragoza, donde se advertía el real interés de la reforma: debilitar la autonomía de la autoridad electoral, crear un nuevo organismo con una estructura vertical, ablandar el control ciudadano sobre los partidos políticos y fomentar la opacidad.

Además de esta crítica, publicada en Libertad de Palabra y en la versión online de Tribuna de Querétaro, Flavio Lazos, ex consejero del Instituto Federal Electoral, advirtió de las consecuencias de que el Gobernador “meta mano” en las reglas electorales de cara a las elecciones de 2012, después de que las últimas cuatro reformas locales fueron promovidas por el IEQ previa consulta ciudadana.

De igual manera, el presidente del grupo Ciudadanos por la Democracia, Salvador Cervantes, y el escritor Julio Figueroa alertaron sobre las pretensiones autoritarias de la reforma.

El mismo lunes 20 sesionó la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada priísta Dalia Garrido, para dar entrada formal a la iniciativa e informar de su remisión a los 18 Ayuntamientos del estado para su análisis.

Asimismo, el martes 21 sesionó la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, que preside el diputado priista Bernardo Ramírez. La comisión dio cuenta de la recepción de las otras iniciativas de reforma a leyes secundarias.

Mientras seguían desgranándose cuestionamientos públicos de los consejeros Antonio Rivera Casas, Cecilia Pérez Zepeda y Eduardo Miranda Correa, y del propio Mendoza Zaragoza –incluyendo la cobertura de la prensa nacional, como fue el caso de La Jornada–, el miércoles 22, a solicitud suya, se convocó a sesión del Consejo General del IEQ con la finalidad de fijar una posición oficial.

La sesión tuvo lugar el jueves 23, con la presencia de todos los partidos políticos.

Los consejeros Sonia Cárdenas, Arturo Vallejo Casanova y Juan Carlos Dorantes Trejo, se sumaron a la exigencia del PRI en el sentido de que el Consejo no sesionara, bajo el argumento de que el IEQ no había sido notificado oficialmente de la presentación de las iniciativas y, por tanto, la sesión era ilegal y sus acuerdos, improcedentes.

El representante del PRI, Leonel Rojo, advirtió incluso que podría iniciarse juicio político en contra de los consejeros que cuestionaron la reforma.

Luego de tres horas de discusión, con marcador 4-3, el Consejo estableció que el proyecto es perjudicial para la autonomía y la independencia de la autoridad electoral, y solicitó que la Comisión de Puntos Constitucionales no dictaminara la iniciativa ese viernes 24 hasta que se realizara una consulta pública y se escuchara al propio organismo electoral.

Por la tarde del mismo jueves, en el pleno del Senado de la República, el senador queretano Eduardo Nava presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobernador de Querétaro y a la Legislatura no vulnerar la constitucionalidad en la materia electoral.

Este pronunciamiento se sumó al que la víspera había formulado la diputada federal panista Adriana Fuentes Cortés, que sostuvo que la reforma promovida por Calzada forma parte de un plan vinculado con el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

La mañana del día siguiente, viernes 24, a petición de la propia Legislatura, la investigadora universitaria Martagloria Morales Garza dictó una conferencia magistral en la Casa Mota, donde advirtió que se carece de diagnóstico y sentenció que lo extraño en la propuesta es que no sale de una consulta pública y cuestionó que un número menor de consejeros haga un organismo más eficiente.

Rescató algunos aspectos centrales del IEQ en 14 años: las elecciones han sido altamente competidas y cerradas; el organismo ha tomado decisiones que tienen legitimidad en la ciudadanía; en Querétaro no se han judicializado las elecciones, y se ha dotado de información a la población de manera expedita y gratuita.

Mientras se realizaba la conferencia, trascendió que los dos diputados del PAN que integran la comisión no dieron su aval a los cambios.

Al mediodía del mismo viernes 24, la diputada Dalia Garrido Rubio abrió formalmente la sesión de la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales sólo para decretar “receso por tiempo indefinido” para “entrar al análisis minucioso” de la iniciativa de reforma constitucional.

Por lo pronto fracasó el plan de sacar fast track la reforma.

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